Sin resolución sanitaria al día
Según los datos recolectados vía ley de transparencia y entrevistas a administradores 181 de los 273 camposantos municipales no cuentan con autorización sanitaria. Cementerios como el General de Concepción, el Municipal de Coquimbo, el N° 1 de Iquique, el N° 1 y 2 de Valparaíso, el N° 1 y 2 de Rancagua y el Cementerio General de Temuco forman parte de la nómina.
Los nueve cementerios municipales de la región de O’Higgins no cuentan con resolución sanitaria. Mientras que el Bío Bío tiene 51 establecimientos sin la normativa al día, lo que corresponde al 82%. Estas diferencias se producen porque la distribución de camposantos administrados por municipios es desigual a nivel nacional. Arica y Parinacota sólo cuenta con dos recintos mortuorios no privados.
Esta situación se debe a que hasta 1982 existían los cementerios privados y públicos, pero dentro de estos últimos estaban los administrados por el Estado o generales y por los municipios. Ese año se dicta la ley 18.096 que traspasó todos lo camposantos pertenecientes al Estado a los gobiernos locales.
En primera instancia desde 1952 hasta 1979 la fiscalización recayó en el Servicio Nacional de Salud que velaba por el cumplimiento del reglamento de 1932 y, después por el Reglamento General de Cementerios de 1970. Después de 1979 la inspección pasó a ser facultad de los Servicios de Salud regionales y del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA) en la capital. Finalmente, en 2004 el DFL 2.763 creó las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud que hasta hoy son las responsables de verificar sanitariamente a los establecimientos.
Al no tener autorización sanitaria los cementerios no deberían funcionar o al menos iniciar procesos de regularización para adecuarse al reglamento y así asegurar su sanidad. Pero en la mayoría de los casos, esto no ocurre por falta de iniciativa de los organismos fiscalizadores y por disposiciones legales que se alejan de la realidad, que no permiten que muchos recintos se ajusten a estas.
No obstante, hay recintos que tratan de cumplir la normativa vigente. Un ejemplo es la región de Antofagasta que inició un proceso de regularización. La encargada de traslados y exhumaciones de la Seremi de Antofagasta, Verónica Aguirre, explicó que producto de la antigüedad de los cementerios éstos nunca tuvieron el permiso. En 2017 el Municipal de Antofagasta logró conseguirlo, mientras que el Nº 2 y Nº3 de Tocopilla obtuvieron el 22 de junio de 2018 la licencia para funcionar.
Colapso en cementerios
En Chile la mayoría de los cementerios municipales fueron creados antes de que hubiera fiscalización sanitaria. Actualmente estas instituciones peligran constantemente con el colapso del número de tumbas, problema que se intenta revertir año a año a través de reducciones de cadáveres. Según los datos recolectados 147 de los 273 recintos mortuorios no tienen más de cinco años de vida útil.
Arriagada explica que el colapso de cementerios es un tema recurrente a nivel nacional, el cual debe ser planificado con anticipación para poder extender la duración de los camposantos. No poder enterrar es “una multa sanitaria espantosa”. Quienes dirigen camposantos lidian constantemente con la amenaza de quedar saturados, razón por la cual han usado el costado de las calles internas para enterrar. El cementerio Municipal de Puchuncaví dispuso de los bordes para crear más espacios mortuorios, por lo que se estrecharon los pasos al interior.
Otra explicación del colapso es producto de la falta de registros sobre la cantidad de muertos. Antiguamente la nómina de fallecidos se hacía a mano o simplemente no existía. Las denuncias más frecuentes es la exhumación de cuerpos sin aviso de las familias. El fiscalizador de la Seremi de Santiago Alex Guajardo, indicó que “están penalizadas éste tipo de prácticas”.
Problemas de expansión
Ante la alerta los municipios han maniobrado estrategias de expansión hacia terrenos colindantes o reestructurando edificaciones internas. Situación que se complicó por la urbanización de las ciudades en el entorno de los cementerios y por la escasez de recursos municipales para adquirir nuevos terrenos.
El administrador de los cementerios N°1 y N°3 de Iquique, Silvio Cruzat, indica que actualmente el primero sólo hay entierro en mausoleos, es decir, edificaciones familiares antiguas y los nichos ya no están a la venta. Mientras que el segundo está en un 90% de su capacidad. Aunque “hay un espacio donde se hará un pabellón, es necesario hacer un nuevo cementerio”.
La expansión está relacionada al manejo de cada administrador para estirar en lo más posible la vida de un cementerio. La falta de espacio ha derivado en malas prácticas como la reventa de nichos detectado por los encargados. Este es el caso del Cementerio Municipal de Lautaro, en donde un depósito que costaba $100.000 con los años fue revendido en $4.000.000. La misma situación ocurrió en Tomé y otras localidades.
La falta de planificación urbana complicó el estado de los camposantos, ya que éstos estaban ubicados en un principio fuera de las ciudades. Pero en la actualidad las poblaciones han rodeado a muchos de ellos, siendo un problema para los vecinos quienes no quieren vivir en las cercanías de éstos recintos.
Un riesgo medioambiental
Hay zonas donde los cementerios no fueron creados para soportar las condiciones geográficas, lo que afecta su funcionamiento. Este es el caso del cementerio de Tierra Amarilla, que se inunda cuando llueve por la falta de drenajes, lo que genera barro y deterioro de las tumbas.
Un caso similar es el Cementerio Cerrillos de Tamaya ubicado en Ovalle, que tiene más de cien años de antigüedad. Su construcción no soporta las lluvias porque está edificado al borde de una quebrada, situación que antecede a la ley de 1970 que prohíbe estos establecimientos cerca de afluentes.
Por otra parte, camposantos en la Araucanía como los de Los Sauces, Huiscapi en Loncoche o San Miguel de Itata en Yungay, entre otros, están sobre napas subterráneas, situación que provoca filtraciones que dejan inutilizable parte del terreno de sepultación. Incluso el cementerio de San Miguel de Itata debió ser clausurado por la autoridad sanitaria y quedó en mantención sólo para visita.